El nombre completo de la Ley es Ley de 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, si bien es popularmente conocida como Ley de la Segunda Oportunidad.
Desde el pasado 1 de septiembre de 2020, esta ley se encuentra integrada en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad es un proceso administrativo que permite a una persona, ya sea autónomo o particular, poder dejar atrás una situación económica complicada mediante una negociación de nuevas condiciones con los acreedores e incluso conseguir la cancelación de las deudas.
Muchos de los negocios creados, por diferentes motivos y circunstancias no pueden hacer frente a los pagos que debe de realizar a los acreedores, dado que los desembolsos son mayores que los recursos económicos que posee, llegando a una importante situación de quiebra económica e incluso debiendo de cerrar el negocio.
El evitar que el negocio viable vaya a la quiebra es uno de los mayores retos a los que se enfrentan empresarios, autónomos y particulares. Día tras día existe una continua lucha garantizando el efectivo desarrollo del negocio.
Desde el año 2015, la llamada Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de dar el mismo tratamiento a los concursos de toda persona física y jurídica. Gracias a este mecanismos aquellos autónomos que no pueden hacer frente a sus pagos tienen la posibilidad de ver minimizadas sus deudas a través de un acuerdo extrajudicial con los acreedores o incluso verse exonerados de ellas a través de la vía judicial.
Su objetivo principal no es otro que permitir que una persona física, a pesar de su fracaso empresarial o personal, pueda volver a tener la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas sin necesidad de arrastrar de manera permanente una losa de deudas que jamás será capaz de satisfacer.
La existencia de mecanismos de segunda oportunidad ayuda a la creación de nuevas actividades. Todo esto favorece al propio deudor así como a los acreedores independientemente de que sean públicos o privados.
Los mecanismos de la segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.
¿Qué es un concurso de acreedores?
El concurso de acreedores es aquel procedimiento judicial que se aplica cuando un empresario o empresa no puede hacer frente a sus deudas, declarando su insolvencia actual o inminente. El concurso de acreedores abarca situaciones de las antiguas quiebras y suspensiones de pagos.
La Ley Concursal obliga al deudor a solicitar el concurso de acreedores dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que haya conocido, o debido conocer, su estado de insolvencia.
Todo trabajador tiene preferencia para percibir todos los salarios que se devenguen desde la declaración del concurso, así como todas aquellas cantidades en concepto de salarios que no hayan sido abonadas con carácter previo a la declaración de concurso.
El Fogasa es el organismo público que abona a los trabajadores parte de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago por motivos de insolvencia o concurso de acreedores de la empresa, con los topes establecidos
¿Cuánto tiempo se tarda en resolver un concurso de acreedores?
La Ley concede al insolvente un plazo de dos meses para solicitar que se declare un concurso de acreedores desde el mismo momento en que no pueden atenderse los pagos.
La duración del concurso de acreedores puede variar entre uno o dos meses hasta varios años, en función de la complejidad del procedimiento, y de la suficiencia o insuficiencia masa activa para satisfacer créditos contra la masa, entre otros factores .
Ante cualquier situación es necesaria la contratación de un abogado especialista en Derecho Mercantil para la tramitación de cualquier proceso.
No olvide que la Ley de Segunda Oportunidad ofrece muchas soluciones y privilegios al deudor, incluso garantiza la continuidad del negocio ya sea por cuenta ajena o propia.
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