Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad
La Ley de la Segunda Oportunidad trata de un procedimiento judicial que permite que una persona pueda cancelar o exonerar sus deudas por Ley siempre que cumpla unos determinados requisitos.
Se trata de una herramienta puesta a disposición de particulares y autónomos que les ayuda a huir de una situación económica bastante complicada, mediante la negociación de nuevas condiciones con los acreedores y en último recurso conseguir la cancelación total de las deudas.
Está regulada por la Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
La LSO (Ley de Segunda Oportunidad) a pesar de no ser muy conocida en España, se viene aplicando desde hace ya varios años en otros países europeos y Estados Unidos.
Saber como funciona esta Ley de Segunda Oportunidad, quiénes pueden acogerse a ella y cuáles son los requisitos fundamentales es muy importante para poder sacar el máximo partido así como también ponerse en manos de abogados especializados en derecho concursal que informen y asesoren sobre la mejor manera de proceder.
Quiénes pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad
La Ley de la Segunda Oportunidad está diseñada para ciudadanos particulares y autónomos.
Gracias a la LSO toda persona endeudada en primer lugar debe intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores para el pago de las deudas, es decir, tiene la posibilidad de renegociar la forma en la que va a devolver el dinero, de llegar a un acuerdo de pago acorde a las posibilidades teniendo en cuenta que uno también necesita de un cierto dinero para vivir.
En el acuerdo extrajudicial intervendrá un mediador concursal. El objetivo principal es llegar a un buen final.
Si por diferentes motivos el acuerdo no se alcanzase se tramita el denominado concurso consecutivo que podrá finalizar solicitando el BEPI (Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho) o lo que es lo mismo la cancelación o exoneración total de las deudas.
Esta Ley es la herramienta perfecta para aquellas personas físicas que se encuentran en situación de quiebra económica y no pueden hacer frente a sus deudas permitiéndoles empezar desde cero.
Requisitos para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad
Para poder solicitar la aplicación de esta Ley además de que el deudor debe de contar con un buen historial crediticio deberá de cumplir con una serie de requisitos:
- Demostrar que no se dispone de patrimonio para hacer frente a las deudas o que dicho patrimonio ya se ha liquidado.
- La deuda no debe de superar los cinco millones de euros.
- Demostrar la buena fe del deudor.
Para poder acogerse a esta Ley es muy importante que todos los bienes y activos sean liquidados, salvo aquellos que todavía sean imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional como la maquinaria industrial, vehículos, local, etc.
Cuando ya se hayan vendido los bienes de la persona deudora se procederá a solicitar la cancelación o exoneración de las deudas al juzgado que corresponda.
Qué es la buena fe del deudor
Para considerar que el deudor ha actuado de buena fe, existe una serie de requisitos que debe de cumplir:
- Celebrar el intento del acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de iniciar el proceso para la cancelación de las deudas.
- Si se es autónomo, no haber sido declarado culpable por delitos económicos o sociales en el concurso de acreedores.
- En los 10 años anteriores (autónomos y emprendedores) no se han podido acoger a la Ley de la Segunda Oportunidad.
- No haber sido condenados, en los últimos 10 años, por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, Hacienda Pública, Seguridad Social, o contra los derechos de los trabajadores.
- En los últimos cuatro años no haber rechazado ninguna oferta de trabajo adecuada a las capacidades del deudor.
¿Todas las deudas se pueden cancelar?
No todas las deudas pueden ser eliminadas con la LSO (Ley de Segunda Oportunidad), quedan excluidas todas aquellas que se han contraído con la Seguridad Social y con Hacienda, así como las nuevas deudas que se hayan generado después de iniciar el proceso.
Una sentencia del Tribunal Supremo en Julio de 2019 permite la exoneración de hasta un 70% de las deudas contraídas con las Administraciones Públicas.
Quedan fuera de la aplicación de la LSO las deudas garantizadas con prenda e hipoteca, pero no quiere decir que la Ley no sea aplicable a las hipotecas. La legislación española actual dicta que si el dinero obtenido una vez vendida la vivienda no es suficiente para saldar la hipoteca, todavía se deberá la cantidad restante.
Gracias a esa ley se pone fin a la situación, la deuda sería cancelable aplicando una dación en pago de facto, es decir que entregada la vivienda el deudor queda libre del pago de la cantidad restante.
Cuáles son los beneficios obtenidos
La Ley de Segunda Oportunidad es la ley más importante para aquellos autónomos y particulares que se encuentran en situación de bloqueo económico o sobreendeudamiento.
Entre los principales beneficios que pueden obtenerse gracias a la aplicación de esta Ley:
- Volver a pedir financiación
- Desparecer de los listados de morosidad
- Volver a disponer de las tarjetas de crédito
- Comenzar una vida nueva
Cuántos años deben de pasar para que caduque una deuda
Las deudas desaparecerán de manera efectiva una vez hayan pasado cinco años. Durante estos cinco años no se tendrá que pagar nada, pero es el plazo que se estipula para que el caso pueda ser revisado por los acreedores ante la sospecha de que el deudor no haya obrado de buena fe.
Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesaria la contratación de un abogado especialista en Derecho Financiero que asesore y realice la tramitación de todo el proceso.
El contactar con un buen abogado no significa un gasto más sino una inversión que le brindará infinidad de soluciones las cuales le aportarán grandes beneficios.
Durante todo el proceso el deudor no deberá de pagar a sus acreedores, todos los intereses quedarán paralizados y no se podrá interponer ningún procedimientos judicial contra él.
El objetivo de esta Ley es el garantizar la continuidad del negocio, que la persona deudora pueda continuar trabajando ya sea por cuenta propia o ajena.
